11.7 ºC

25 de marzo de 2019

Notas de opinión

Educación inclusiva

06/01/2019

La Justicia falló a favor de dos jóvenes con discapacidad y ahora deberán darles un título secundario con validez oficial

Es la segunda vez que pasa en el país, después del caso de Alan Rodríguez. 

Un día la Argentina participó de la redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU. Era 2006. Otro día, en 2008, el Estado promulgó una ley en la que adhiere a ese documento. Y en 2014, el Congreso le confirió rango constitucional. Más de cuatro años después casi no se cumplen los preceptos allí plasmados. Por ejemplo, lo referido a la educación inclusiva, o sea, asegurar el ingreso de personas con discapacidad a la escuela común y garantizar su egreso en condiciones igualitarias, no discriminatorias.

Fácil de decir, difícil de cumplir. Lo saben bien dos platenses atravesando sus veintes. Flavia, una joven con Síndrome de Down, y Lorenzo, que tiene un trastorno del espectro autista. Ambos hicieron el camino de la escuela secundaria en establecimientos regulares. Se esforzaron y terminaron sus estudios con éxito. Pero el diploma que les dieron vino con un "distintivo": un título "no homologable", diferente al de sus compañeros. No se quedaron en el molde.

Reclamaron, batallaron, y aunque la respuesta fue negativa (del tipo "sus familias sabían que el título sería no homologable"), una jueza platense falló a favor de los egresados. Ahora deberán darles un certificado analítico regular y un título secundario de los buenos. Es la primera vez que ocurre algo semejante en la provincia de Buenos Aires. Es la segunda vez en el país.

"En la Argentina no encontramos jurisprudencia? tuvimos que remitirnos a casos de Colombia. Sí hay un antecedente en la ciudad de Buenos Aires, que es el caso de Alan Rodríguez", contó a Clarín María Ventura Martínez, quien le puso la firma al fallo, desde su puesto en el juzgado Contencioso Administrativo número 4 de La Plata.

Esperan que haya apelación, sí: "Es casi una obligación para el fisco, en defensa del Estado". Entonces vendrá otra instancia de resolución, "ya en cámara".

Pero suena a batalla ganada, al menos en la voz de la jueza. También en la de Flavia, que charló con Clarín: "Estoy muy contenta por lo que pasó. Venía estando enojada porque hace poco me echaron de mi puesto en ARBA, donde había entrado a mitad de año. Con un título oficial quizás pueda retomar mis estudios".

José María Martocci, director de la "Clínica Jurídica en derechos humanos y discapacidad" de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Nacional de La Plata), promovió el reclamo judicial de Lorenzo y Flavia. "Primero hicimos varios reclamos administrativos para que la Provincia (encarnada en la Dirección General de Cultura y Educación) les diera un título homologable, idéntico al de sus pares", explicó.

Y siguió: "Ambos habían concluido el ciclo secundario con ajustes y apoyo en distintos tramos. Pero luego terminaron solos. Tuvieron lo que se conoce como Proyecto Pedagógico Individual (PPI). Los ajustes fueron en los tiempos de asimilación, la accesibilidad del material, pero rindieron más que bien las materias y los contenidos".

"Lazaro tiene condiciones para seguir estudiando y trabajar. Flavia está decidida a ser maestra jardinera. Se anotó en un terciario, pero la inscribieron de hecho: no es alumna regular porque no tiene un título secundario acorde a los requisitos", detalló Martocci.

"Al final este año lo dejé, pero ojalá pueda retomar los estudios: me encantan los chicos", se esperanzó Flavia. Y como quien no se repone de un golpe, insistió con el enojo por su despido de ARBA. Según Martocci, "todo es parte de lo mismo. La hicieron entrar y después no hubo apoyo para que pudiera mantenerse en el lugar. Vos ingresás a un pibe con discapacidad a la escuela, pero si no establecés el apoyo para que permanezca, construís la propia frustración, que después endilgás al cuadro clínico y no a vos. Es el esquema".

La mirada de la jueza también es sensible: "No se los escucha, los problemas de este tipo se solucionarían si se escuchara más, si se considerara a las personas con discapacidad". Pero en el fallo hizo valer la letra escrita en documentos oficiales, puntualmente, la adhesión de la Argentina a la CDPD, en 2008.

"Casi diez años después, en 2016, la provincia de Buenos Aires sacó una resolución en la que la Dirección de Escuelas dijo "a partir de ahora sí vamos a homologar los títulos". Sin embargo, casos como el de Flavia y Lorenzo quedaban en un limbo porque habían terminado los estudios antes. Y hay muchas Flavias y Lorenzos", expresó la jueza.

Según Martocci, "el impacto de la sentencia es muy grande a futuro. Va a tener efectos expansivos, simbólicos, abrirá una nueva interpretación sobre el tema, ligada a la Convención. Y además, resuelve una profunda injusticia".

Ventura Martínez, por su parte, invitó a la reflexión de las autoridades: "Se requiere una homologación urgente, que se amalgamen con nuestro derecho interno todas las normas internas con la Convención, que es muy clara. Hay muchas barreras todavía". www.clarin.com

Por Irene Hartmann 
Para Clarin.com

¿Qué te pareció esta noticia?

186 opiniones registradas.

26% Me gusta
14% Me aburre

Copyright © 2019 | El Fenix Digital - El diario independiente de la mañana