El abogado tandilense Sebastián Eduardo Romay y la escribana azuleña María Dolores Palacio, ambos son protagonistas de una causa que se realiza con injerencia de la justicia federal a raíz de maniobras fraudulentas con la venta de lotes a vecinos de la ciudad serrana.

Fue el Dr. Martín Bava, se desempeña al frente del Juzgado Federal 2 de Azul, con competencia en lo Civil y Comercial, quien resolvió la situación procesal del abogado tandilense y de la escribana azuleña, a quienes se les trabó un embargo de dos millones de pesos a cada uno.

El proceso judicial

El abogado Sebastián Romay fue citado a indagatoria por el Juzgado Federal de Azul, habiendo llegado a ese momento sospechado de ser de una organización vinculada a la estafa con terrenos.

En ese momento se daba cumplimiento a una de las instancias relacionadas con investigación iniciada a principios de noviembre de 2017, a partir de una denuncia por estafas con venta de terrenos, en los que por orden judicial la Policía Federal desplegó importantes operativos con allanamientos en la ciudad de Tandil.

Romay también es protagonista de una causa que se instruye en CABA, donde también una fiscalía investiga un delito de características similares, se habría generado documentación con la firma de un muerto para quedarse con terrenos en la ciudad de Tandil.

En noviembre de 2017, el mismo Romay y otros tandilenses fueron investigados a raíz de denuncias similares. A raíz de esas investigaciones también se efectuaron allanamientos en la búsqueda de pruebas para continuar las tareas investigativas.

A poco de comenzar las investigaciones los pasos se orientaron hacia un grupo de profesionales que se dedicaría a la falsificación de escrituras e instrumentos públicos relacionados con propiedades, en su mayoría, de la ciudad de Tandil en cuyo proceso también tendría intervención una escribanía con asiento en Azul.

Los allanamientos

Las tareas realizadas por hombres de la Policía Federal tuvieron como epicentro un estudio jurídico ubicado en Pinto 1089, Estudio Jurídico de Sebastián Romay; una imprenta ubicada sobre Montevideo al 180; y en los domicilios de Roca 1529 y Cabral al 2200.

El otro procedimiento de similares características se desarrolló en la escribanía ubicada en Roca 428 de la ciudad de Azul, donde se desempeña la Escribana María Dolores Palacio.

Se secuestró documentación que, habría permitido dar señales que confirmaron las sospechas de los investigadores que surgieron de las denuncias y otras pruebas. Los elementos recolectados deberán ser analizados para determinar las acciones que desarrollaban los profesionales de forma ilegal.

Los hechos denunciados

Se trataría de falsificación de documentación necesaria para otorgar escrituras de traslación de dominio, lo que surge a partir de la declaración de la parte damnificada, lo que debería ser confirmado durante el proceso judicial.

Por presunto delito de falsificación de instrumentos públicos (artículo 292 del Código Penal de la Nación) y defraudación, quedaron tres imputados, Sebastián Romay, Juan José Stip y Nicolás Cabana.

Indagatoria

El abogado Romay fue citado el 25 de marzo pasado, posteriormente lo hizo Juan José Stip.

El 26 del mismo mes quien prestó declaración fue María Dolores Palacio.

Decisión del Juez Bava

El Juez Federal Dr. Martín Bava, afirmó que "de mérito pormenorizado e integral de los elementos de convicción colectados e individualizados y reseñados, se puede sostener, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa, que se encuentra justificado el hecho imputado".

El Juez escribió, "Juan José Stip, María Dolores Palacio, y Sebastián Eduardo Romay, con habitualidad y de manera organizada y/o asociada, cada uno en nombre propio, incorporaron datos espurios en la confección de dos escrituras públicas con el propósito de engañar al pretenso comprador y así poder perfeccionar la venta de un inmueble registrado, cuya propiedad corresponde a una mujer, con el fin de obtener un beneficio económico".

Dichas maniobras damnificaron patrimonialmente al denunciante aparecen acreditadas, al decir del juez, de modo indiscutible.

Finalmente, el Dr. Bava señala que "los elementos colectados a lo largo de la investigación me persuaden de presumir con el grado propio que permite razonar una convicción certera en cuanto a la maniobra engañosa de la que fue víctima el denunciante".

Participación de los profesionales procesados

El Juez Federal señaló que la maniobra delictiva se habría perfeccionado con la participación de los profesionales, permitiendo otorgarle al acto la apariencia de verosimilitud requerida para su efectiva concreción.

Tanto la escribana Palacio como el abogado Romay, tomaron parte activa en la maniobra. La notaría, en la confección y suscripción de las escrituras, y el abogado, en elaboración de un boleto de compraventa de manera previa. Además de la gestión de trámites de transmisión de dominio del vehículo entregado por el damnificado como parte de pago.

La participación de los profesionales Palacio y Romay se prueba con el propio documento adulterado y en documentos identificados en soportes informáticos secuestrados en allanamientos.

Medidas

Martín Bava evaluó la prisión preventiva que el delito atribuido prevé con pena de prisión cuya escala penal oscila entre uno y seis años de prisión, por lo que resulta excarcelable, consideró que debía imponerse a los encausados la obligación de constituir domicilio y se les aplicara la prohibición de salir del país, debiendo en todo caso solicitar previamente y con antelación autorización a su Juzgado.

También fijó un embargo de suma suficiente para lo cual se tomó en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 518 y 533 del Código Penal.

Al respecto, recordó que la primera de esas normativas impone al Juez la obligación de ordenar el embargo de bienes del imputado al dictar el auto de procesamiento, a fin de garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas.

Finalmente, el Titular del Juzgado Federal 2 Dr. Martín Brava resolvió procesar, sin prisión preventiva, a Sebastián Romay y María Dolores Palacio, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de estafa mediante el uso de un instrumento público estampado con datos espurios. También impuso un embargo hasta cubrir la suma de dos millones de pesos para cada uno de los imputados.

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Fuentes Judiciales