En medio de la coyuntura argentina, marcada por la volatilidad económica y las dificultades para atraer inversiones sostenidas, emerge un debate que trasciende la urgencia cotidiana: cómo insertarse de manera estratégica en la transición hacia la movilidad eléctrica. Argentina, ubicada en el centro del "triángulo del litio", tiene ante sí la posibilidad de convertirse en un actor protagónico en una de las transformaciones industriales más relevantes de las próximas décadas.

La electromovilidad ya no es un fenómeno lejano sino una realidad palpable. En 2024 se vendieron más de 17.8 millones de vehículos eléctricos en el mundo, y las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía indican que para 2030 esa cifra podría duplicarse. Países como China, Estados Unidos y los de la Unión Europea ya han fijado plazos concretos para dejar atrás los motores de combustión interna. En Argentina, la Ley de Movilidad Sustentable establece que a partir de 2041 no podrán comercializarse autos nuevos a nafta o gasoil. El reloj ya empezó a correr y las decisiones que tomemos en los próximos años marcarán si el país se limita a acompañar pasivamente la transición o si logra ocupar un lugar de liderazgo regional.

El papel de China en este proceso es central. Empresas como BYD, NIO o SAIC han consolidado un liderazgo global gracias a su dominio tecnológico en baterías, su integración en cadenas de suministro y sus economías de escala. Desde 2023, BYD ha superado a Tesla en ventas mundiales de vehículos eléctricos. Para estas compañías, América del Sur representa un destino natural de expansión, y Argentina aparece como un mercado con potencial por su tradición automotriz, su tamaño relativo y, sobre todo, por su acceso privilegiado al litio, insumo clave para las baterías.

Sin embargo, el mercado argentino enfrenta obstáculos que no pueden ignorarse. La infraestructura de carga es todavía incipiente; el poder adquisitivo de los consumidores se encuentra limitado; y persiste un bajo nivel de familiaridad cultural con los autos eléctricos. A esto se suma la inestabilidad macroeconómica, que desalienta proyectos de inversión de largo plazo y genera incertidumbre en los actores privados. Estos factores explican por qué, aunque las ventas de vehículos eléctricos crecieron en la última década, todavía representan apenas el uno por ciento del total del parque automotor.

El dilema es claro. Argentina puede conformarse con ser un mero exportador de litio, lo que la dejaría atrapada en un modelo de especialización primario donde otros países capturan el valor agregado de la transición energética. O puede dar un paso más ambicioso y asumir un rol activo en la construcción de una industria local capaz de atraer inversiones, incorporar tecnología y generar empleo. Esta segunda opción no es sencilla, pero resulta mucho más conveniente a largo plazo, tanto en términos económicos como en términos de inserción internacional.

Las alternativas estratégicas para avanzar existen y se aplican en otros países. Una de ellas son las joint ventures entre fabricantes chinos y ensambladores nacionales, lo que permitiría aprovechar la experiencia local en producción automotriz y, al mismo tiempo, reducir costos de entrada. Otra vía son las plantas de ensamblaje CKD (Completely Knocked Down) o SKD (Semi Knocked Down), que importan componentes y los ensamblan localmente, generando empleo y fortaleciendo cadenas de proveedores. También es clave promover la inversión en infraestructura de carga mediante alianzas público-privadas, con prioridad en corredores interurbanos y áreas metropolitanas. Finalmente, se necesitan campañas de educación y marketing para acercar al consumidor a los vehículos eléctricos, subrayando beneficios como la reducción de costos operativos y la mayor eficiencia energética.

Lo interesante es que estas estrategias no solo responden a las necesidades de las empresas extranjeras, sino también a los intereses nacionales. Argentina puede posicionarse como plataforma regional dentro del Mercosur, aprovechando las condiciones de libre comercio para irradiar hacia Brasil, Uruguay y Paraguay. La cooperación con China podría incluir transferencia tecnológica, capacitación de recursos humanos y generación de empleo calificado. El resultado sería un círculo virtuoso en el que la inversión extranjera se combine con el desarrollo industrial y la integración regional.

Desde luego, este camino requiere políticas públicas claras, estables y predecibles. La sanción de la Ley de Movilidad Sustentable fue un paso importante, pero queda mucho por hacer en materia de incentivos fiscales, regulación técnica e infraestructura. La articulación con universidades y centros de investigación también puede desempeñar un rol fundamental en la innovación aplicada y en la formación de profesionales para una industria que está en plena expansión.

En tiempos donde las urgencias económicas suelen eclipsar la planificación de largo plazo, conviene recordar que la electromovilidad no es un lujo ni una moda, sino una decisión estratégica. Aun en medio de la incertidumbre, Argentina tiene una ventana de oportunidad que conviene aprovechar. El desafío es transformar su condición de país con recursos estratégicos en un actor capaz de generar industria, innovación y empleo de calidad.

La pregunta de fondo no es si el auto eléctrico llegará a nuestro mercado -eso es inevitable-, sino si el país podrá dar un salto cualitativo y convertirse en protagonista de la transición. Diseñar un proyecto viable y conveniente para ambos países, capaz de articular cooperación, inversión e innovación, es un reto que está a nuestro alcance. De lo contrario, el riesgo es que volvamos a repetir la historia: exportar recursos, importar tecnología y quedar rezagados en los procesos de transformación global.

Lijuan Chen es Licenciada en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Hainan (China) y Maestranda en Gestión Empresaria de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Federico Del Giorgio Solfa es Profesor en la Escuela de Negocios y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires e Investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas.