Nunca lo fue. Era desarrollo versus parálisis.

Por Ignacio "Nacho" Rovira, Licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Durante años se repitió el mismo libreto, con tono apocalíptico y certezas absolutas: que no se podía, que era inviable, que la cordillera era intocable en bloque. Mientras tanto, debajo de ese mismo sistema -perfectamente conocido, medido y estudiado- convivían algunos de los mayores reservorios de cobre y litio del planeta. Pero había que dejarlos ahí. Quietos. Como si el mundo no demandara minerales críticos. Como si USD 40.000 millones en inversiones potenciales fueran irrelevantes. Como si pasar de USD 5.000 millones a USD 40.000 millones en exportaciones no cambiara nada. Como si generar más de USD 20.000 millones anuales adicionales en divisas o crear entre 180.000 y 200.000 empleos hacia 2032 fuera un detalle menor.

La discusión nunca fue técnica. Fue ideológica. Porque la geología ya estaba resuelta, los proyectos también -Los Azules, El Pachón, Vicuña, Taca Taca- y la demanda global es un dato. Lo único que faltaba era permitir que todo eso exista en el plano real.

Aun así, los amantes del relato insistían con una idea repetida hasta el cansancio: "se llevan todo". Los números dicen otra cosa. Según datos oficiales de la Secretaría de Minería (2024/2025), de cada dólar exportado por la minería, el 35% queda en salarios y proveedores argentinos, el 11% va directo a impuestos y regalías, el 4% a inversión social, el 30% se reinvierte en seguir operando y explorando en el país, y solo el 20% se remite al exterior como utilidades netas.

Es simple: 80% queda en Argentina, 20% se va.

Mientras la clave binaria dominaba el recinto, afuera pasaba otra cosa. Lejos del micrófono y de las consignas, la sociedad empezó a moverse. Un estudio de Poliarquía marcó un punto de inflexión: el 61% de los argentinos está a favor de la minería, y la asociación automática entre minería y contaminación cayó del 48% al 33% en apenas un año. Es decir, mientras algunos seguían discutiendo como si fuera 2010, la sociedad ya estaba entendiendo algo más elemental: que desarrollo productivo y cuidado ambiental no son excluyentes.

Y ahí aparece la contradicción central. Quienes se presentaban como defensores del ambiente en la práctica defendían otra cosa: que nada cambie. Que la Argentina siga siendo un país con recursos, pero sin desarrollo. Que las provincias sigan dependiendo de transferencias en lugar de construir sus propias economías sobre lo que tienen. Porque eso también se votó con esta ley: autonomía provincial para decidir sobre su territorio.

La reforma no eliminó controles ni habilitó un "vale todo". Hizo algo bastante más exigente: obligó a evaluar caso por caso, con criterios técnicos, sobre glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica efectiva y relevante. Es decir, pasar de la consigna al dato, de la prohibición general a la decisión informada. Y eso implica hacerse cargo de algo que durante años se evitó: los números, las escalas, las consecuencias de no hacer nada.

Porque ese fue el verdadero costo. No haber explotado, sino no haber desarrollado. Décadas de capital inmovilizado en la cordillera, ventajas comparativas sin convertirse en competitivas, un país mirando su propia riqueza como si fuera un problema.

Esta modificación no descubrió nada nuevo. Simplemente levantó una barrera que impedía transformar geología en economía. Y con eso puso en marcha algo que muchos preferían que no ocurriera: un proceso donde los recursos dejan de ser paisaje y pasan a ser sistema productivo.

Lo que viene ahora no es automático ni garantizado. Depende de ejecución, de reglas claras y del contexto internacional. Pero el punto de partida ya cambió. Argentina eligió desarrollar.

Y eso es el final de una idea arraigada:

que el país puede crecer dejando todo exactamente como está.

(*) Nota presentada por Bloque de Concejales de La Libertad Avanza