La Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) volvió a instalarse en el centro de la agenda política bonaerense. A casi siete décadas de su sanción, el decreto-ley 6769/58 enfrenta un cuestionamiento transversal que reúne a dirigentes de distintos espacios políticos con un diagnóstico compartido sobre la desactualización frente a la realidad institucional, administrativa y económica que atraviesan hoy los municipios.

No obstante, la discusión recién empieza cuando aparece la pregunta de fondo: ¿alcanza con reformar algunos artículos o llegó el momento de reemplazar completamente una norma nacida durante un gobierno de facto? Detrás de ese interrogante se esconde un debate mucho más profundo, vinculado al alcance de la autonomía municipal que la Constitución Nacional reconoció en 1994, pero que la provincia de Buenos Aires nunca terminó de desarrollar plenamente.

La Legislatura ya comenzó a mover fichas y hay ideas para crear comisiones bicamerales que elaboren una nueva Ley Orgánica y otras que impulsan una reforma integral de la normativa vigente. Al mismo tiempo, intendentes de distintos signos políticos reclaman mayores competencias para administrar recursos, planificar el desarrollo urbano, organizar servicios públicos e incluso discutir facultades que hoy permanecen bajo la órbita provincial. La discusión, que durante años permaneció relegada, empieza a ganar volumen político.