Un rechazo que merece explicación

El bloque Fuerza Patria presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto para rechazar el acuerdo de cooperación firmado entre la Armada Argentina y los Estados Unidos en el marco del Programa de Protección de Bienes Comunes Globales. Sin embargo, antes de rechazarlo, conviene preguntarse: ¿qué establece realmente este acuerdo?

Según la información difundida públicamente, el convenio tiene como objetivo fortalecer la capacidad de vigilancia marítima de la Argentina mediante cooperación técnica, transferencia de conocimientos, capacitación de personal, intercambio de información y la incorporación de equipamiento destinado al monitoreo del Atlántico Sur. Entre las medidas anunciadas se encuentra el envío de aeronaves de patrullaje marítimo y sistemas de apoyo para mejorar las tareas de control de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

¿Qué incorpora el acuerdo?

No se trata de una base militar extranjera. No se trata de tropas norteamericanas controlando territorio argentino. No se trata de una cesión de soberanía.

Se trata de brindar mayores capacidades a la Armada Argentina para vigilar un espacio marítimo de enorme importancia estratégica para nuestro país.

El acuerdo busca mejorar las herramientas de monitoreo, detección y control sobre una de las áreas más extensas y difíciles de supervisar del territorio nacional: nuestro mar.

El desafío de proteger el Atlántico Sur

La Zona Económica Exclusiva argentina abarca más de un millón de kilómetros cuadrados de mar donde nuestro país posee derechos exclusivos para explotar y administrar sus recursos pesqueros.

Sin embargo, desde hace años la Argentina enfrenta enormes dificultades para controlar eficazmente esa inmensa superficie debido a limitaciones presupuestarias, tecnológicas y operativas.

Todos los años cientos de embarcaciones pesqueras extranjeras operan en las inmediaciones de la milla 200. Diversos informes han señalado la fuerte presencia de flotas pesqueras de origen chino en la región, además de barcos de otras nacionalidades.

La pesca ilegal y la depredación de recursos constituyen uno de los principales desafíos para la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

¿Dónde está la cesión de soberanía?

Frente a esta realidad, cualquier herramienta que permita mejorar la vigilancia marítima debería ser analizada con seriedad y no desde prejuicios ideológicos.

Sin embargo, el proyecto de Fuerza Patria presenta el acuerdo como una amenaza para la soberanía nacional.

Lo llamativo es que no explica concretamente qué facultades soberanas perdería la Argentina. No identifica qué jurisdicción sería transferida. No señala qué autoridad extranjera pasaría a ejercer competencias sobre nuestro territorio.

La acusación es contundente, pero los fundamentos resultan débiles.

Cooperar no es entregar soberanía

La cooperación internacional en materia de defensa es una práctica habitual entre Estados soberanos. Argentina mantiene acuerdos de formación, capacitación y asistencia técnica con numerosos países.

Cooperar no significa renunciar a la independencia nacional.

Por el contrario, muchas veces permite fortalecer capacidades que de otro modo serían difíciles de desarrollar.

La soberanía se fortalece cuando el Estado cuenta con más herramientas para ejercer control sobre su territorio, no cuando renuncia a ellas por razones ideológicas.

Una contradicción difícil de explicar

Por eso resulta difícil comprender la lógica del rechazo.

Durante años escuchamos discursos sobre la necesidad de defender nuestros recursos naturales, combatir la pesca ilegal y fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur. Ahora que se presenta una iniciativa destinada precisamente a mejorar las capacidades de vigilancia y control, la respuesta es la oposición automática.

Más llamativa aún resulta esta postura cuando proviene de sectores políticos que históricamente promovieron una estrecha relación estratégica con China.

Es legítimo preguntarse por qué se cuestiona un acuerdo orientado a mejorar el control sobre una zona donde operan algunas de las mayores flotas pesqueras del mundo, incluidas numerosas embarcaciones vinculadas a intereses chinos.

Soberanía real versus declaraciones simbólicas

Mientras algunos sectores se limitan a redactar declaraciones simbólicas desde un Concejo Deliberante, la realidad es que la Argentina necesita medios concretos para ejercer soberanía.

Durante décadas se habló de defender el Atlántico Sur, pero la falta de inversión dejó a nuestras Fuerzas Armadas con capacidades limitadas para controlar uno de los espacios marítimos más extensos del mundo.

La soberanía no se mide por la cantidad de comunicados que se aprueban, sino por la capacidad real del Estado para proteger sus recursos y hacer cumplir la ley en su territorio.

La pregunta que queda abierta

La soberanía no se defiende únicamente con discursos. La soberanía se ejerce.

Se ejerce controlando el territorio, protegiendo los recursos nacionales y contando con los medios necesarios para hacerlo.

Por eso la pregunta que queda abierta es sencilla:

Si fortalecer la capacidad de vigilancia de la Armada Argentina es algo negativo, ¿a quién beneficia una Argentina con menos herramientas para controlar su mar?

Conclusión

Los argentinos necesitan una discusión seria sobre cómo proteger efectivamente sus recursos estratégicos. Lo que no necesitan son posicionamientos ideológicos que terminen debilitando las capacidades del propio Estado nacional para ejercer la soberanía que dicen defender.

La verdadera amenaza para la soberanía argentina no son los aviones que ayudan a vigilar nuestro mar; son los barcos que se llevan nuestros recursos mientras miramos para otro lado.

La soberanía no se declama. Se ejerce. Y para ejercerla hacen falta radares, aviones, tecnología y presencia efectiva en el mar, no solamente discursos.