Por Federico Del Giorgio Solfa*

Desde hace décadas, el sistema de coparticipación argentino arrastra una contradicción estructural: pretende distribuir recursos de manera equitativa entre provincias, pero lo hace con criterios fijos, desactualizados y ajenos a la realidad socioeconómica contemporánea. El caso más paradigmático es el de la Provincia de Buenos Aires: con el 38% de la población del país, aporta buena parte del Producto Interno Bruto nacional, pero recibe apenas el 22% de los fondos coparticipables. Esta distorsión no solo compromete la prestación de servicios básicos a millones de ciudadanos, sino que además debilita la cohesión territorial del país.

En este contexto, vale la pena mirar hacia Europa. El Fondo Social Europeo (FSE), una de las principales herramientas de la política de cohesión de la Unión Europea, ofrece un modelo útil para repensar el federalismo fiscal argentino desde un enfoque solidario, dinámico y estratégico. A diferencia del sistema argentino, que se basa en porcentajes fijos y acuerdos políticos heredados, el FSE asigna recursos según indicadores objetivos como desempleo, pobreza, capacidades institucionales y potencial de desarrollo regional. Su lógica es clara: no todas las regiones necesitan lo mismo, ni al mismo tiempo, y por eso los fondos deben acompañar procesos de transformación territorial con planificación y evaluación constante.

Un fondo federal con lógica de cohesión territorial

Inspirados en este paradigma europeo, una propuesta para Argentina podría articularse en tres niveles. En primer lugar, una coparticipación base automática, que asegure el funcionamiento mínimo del Estado en todas las provincias, pero ajustada periódicamente según variables como población real, densidad, esfuerzo fiscal y necesidades básicas insatisfechas. En segundo lugar, un Fondo Federal de Convergencia Territorial, destinado a financiar proyectos estratégicos en regiones con alta vulnerabilidad, no solo en provincias del norte sino también en zonas críticas del conurbano bonaerense, cinturones rurales excluidos o áreas industriales en reconversión. Finalmente, un Fondo de Innovación y Transición Justa podría apuntalar transformaciones estructurales vinculadas a la reconversión productiva y los desafíos tecnológicos, con foco en el empleo y la sostenibilidad.

Este modelo permitiría abordar las desigualdades no solo entre provincias, sino también dentro de ellas. Hoy, por ejemplo, las asimetrías internas de la Provincia de Buenos Aires son tan profundas como las que existen entre regiones del país. Ignorarlas es condenar a millones de personas a vivir en municipios con infraestructura precaria, redes de transporte colapsadas y servicios sociales saturados, mientras se castiga presupuestariamente a la provincia que más aporta al sistema.

Un nuevo esquema de coparticipación -basado en evidencia, orientado a resultados y con gobernanza federal- no implicaría quitar recursos a unas provincias para dárselos a otras, sino distribuir mejor el esfuerzo colectivo. Sería, en esencia, un acto de racionalidad y justicia, en línea con los principios constitucionales de equidad y desarrollo armónico.

La discusión sobre la coparticipación ha sido postergada durante demasiado tiempo. Retomarla no es solo una necesidad fiscal, sino una oportunidad histórica para redefinir el federalismo argentino y dotarlo de instrumentos modernos, eficaces y transparentes. Si Europa pudo hacerlo con 27 países, Argentina debería poder lograrlo entre 24 jurisdicciones que comparten un mismo destino.

*Federico Del Giorgio Solfa es Profesor Titular Ordinario de la Universidad Nacional de La Plata e Investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Es especialista en Gestión Pública de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y completó un Master en Derecho, Economía y Política de la Unión Europea en la Università degli Studi di Padova.