Por Osvaldo Pepe

El título es una simplificación, pero no tanto. Estamos cumpliendo 38 años de continuidad democrática. Casi cuatro décadas consecutivas de gobiernos elegidos por el voto popular. En cualquier país, sería un aniversario de júbilo institucional. En la Argentina de hoy, no tanto. A menos que se quiera festejar que pasamos de una pobreza de 18,5% en 1985, a sólo dos años de la restauración democrática de 1983, al escatológico registro actual de 40,6% (18.500.000 de pobres). Que si no fuese por la creciente ayuda social con fondos públicos superaría con holgura el 50% de la población.

¿Significa esto el fracaso de la democracia y, en consecuencia, la ruta hacia un camino alternativo de formas plebiscitarias para la selección de los elencos de poder que distorsionen los mecanismos republicanos; o darles la bienvenida a liderazgos mesiánicos con aires de extravagante divismo? Rotundamente no. Lo que esa decadencia grafica es la ineptitud de una clase política, del partido que fuese, con la yapa de sus sonrientes "cambios de camiseta". Viven en una calesita donde lo importante es la sortija del poder.

La culpa no es de la política, sino de ese tipo de políticos. No es el sistema representativo de la Constitución lo que falla. Son quienes nos representan, una casta que vive en condiciones cada vez más distantes a las de los ciudadanos comunes, con privilegios y prebendas incompatibles con ese crecimiento de la pobreza y el deterioro de la calidad de vida de cualquier habitante, menos ellos. No viven la política como un servicio, sino como un salvataje personal.

En los años 70, con gran absorción de mano de obra por parte del Estado, la pobreza promediaba en Argentina el 5%. Tras la dictadura, en 1983 Alfonsín impulsó la entrega de 500.000 Cajas PAN, el Plan Alimentario Nacional. En sólo un par de años, las cajas debieron triplicarse. Y con la hiperinflación que tumbó al líder radical la escalada de la pobreza cambiaría el país para siempre: llegaba a 45%. Desde allí, todas las políticas asistencialistas de los gobiernos siguientes se incrementarían a un ritmo paralelo al de la ineficacia para revertir el cuadro. Sobraron planes, faltaron imaginación y creación de trabajo genuino: fueron todas gestiones para administrar y contener la pobreza, no para erradicarla. Nos fuimos acostumbrando, como ranas al lento hervor en agua caliente, al doble estándar de una democracia con ciudadanos pobres, o empobrecidos, y políticos "ricos" o con buen pasar. Hasta llegar a jubilados "comunes" y de "privilegio".

Menem, con sus políticas de desregulación estatal, desguace de las empresas públicas y la hiperinflación de 1990, llevó la pobreza a un registro que parecía inigualable: 47,5%. Pero ya con el colapso del 2001 y la transición entre De la Rúa y Duhalde se quebrarían todas las marcas: 57,5% de pobres. A pesar del clamor del "que se vayan pocos", casi todos siguieron. En números gruesos, Néstor Kirchner bajó gradualmente la pobreza apenas debajo del 30%. Con mediciones bajo sospecha, y que aún así negaba, Cristina la elevó al 34% y Macri la hizo subir hasta un 36%.

En pandemia, y con el encierro forzoso, cuya eficacia está hoy en duda, Argentina aumentó cinco veces la ayuda social con fondos del Estado. ¿Quién pagó los costos del ajuste por el Covid-19 y la recesión por la cuarentena y aún antes? Los políticos, no. Según el INDEC, los trabajadores ocupados perdieron un promedio de 22% de su ingreso entre el primer trimestre de 2018 y el del año actual. Y de acuerdo al Observatorio de la UCA, tres de cada 10 trabajadores ocupados están en condición de pobreza. La población se sometió a durísimos recortes, cesó sus actividades, se desplomaron las empresas, se destruyeron puestos laborales.

Sin embargo, el presidente Fernández juzgó innecesario que la clase política rebajase sus ingresos. Así, la dieta de los legisladores nacionales tuvo un incremento del 40% en julio. El sitio web Chequeado, que monitorea estas cuestiones, asegura que sin tener en cuenta este incremento, diputados y senadores tenían ya un salario promedio de $ 240.000 y $ 270.000, respectivamente, sin considerar los "gastos de representación" y el plus por desarraigo. En la práctica, un ingreso de cuatro, cinco veces y más aún que el promedio de un asalariado del sector privado. Las remuneraciones de los ministros son de unos $ 400 mil mensuales, más "extras" y adicionales. No todos los políticos abusan del poder, pero muchos sí. Hay asesores que cobran $ 300 mil. Son como gerentes de empresas privadas, pero con fondos públicos. Más auto, nafta, chofer y etcéteras. Según sus propias declaraciones juradas, en un año en el que los argentinos han perdido desde vidas, trabajos y patrimonios, Cristina Kirchner incrementó el suyo en 60%, Máximo en 33% y Sergio Massa en 64%. Dato: el salario mínimo es de $ 32.000 y la jubilación mínima, de $ 29.062.

Quizá por eso, un relevamiento de la Universidad Austral desde 2016 arrojó que 6 de cada 10 prefiere el empleo público al privado. El fenómeno atraviesa todos los rangos etarios y niveles socioeconómicos: en cualquier franja, siempre supera el 50% la cantidad de quienes buscan cobijo en el Estado, acaso por la estabilidad del trabajo público. Sin embargo, sus empleados sufren los bajos salarios y la falta de expectativas. Hay políticos que suelen no reparan mucho en ellos: prefieren contratar ñoquis a su servicio.

En su obra "Las 48 Leyes del Poder", el escritor Robert Greene deja una metáfora a los políticos arribistas del poder y el dinero: "Nunca cometa el error de pensar que usted se eleva mediante la humillación de los demás...Lo que usted debe irradiar es confianza, no arrogancia ni desdén." Y cuenta cómo en la década de 1640 Carlos I, rey de Inglaterra, no comprendió el alzamiento popular y los reclamos contra la monarquía, inspirados por Oliverio Cromwell. Si Carlos I hubiese leído mejor la realidad y sacrificaba parte de sus privilegios, quizá la historia hubiese sido otra. "Pero perdió la cabeza. Literalmente", advierte Greene.