El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires emitió un fallo sobre la rendición de cuentas del ejercicio fiscal correspondiente a la municipalidad de Laprida, en el que, si bien se analizó formalmente la ejecución presupuestaria, se dejó al descubierto un conjunto de irregularidades y observaciones relevantes, incumplimientos normativos y deficiencias en el manejo de los recursos públicos, que derivaron en sanciones contra el intendente Alfredo Fisher y otros funcionarios municipales.

La resolución del organismo de control no se limita a observaciones técnicas, sino que reconstruye una cadena de responsabilidades políticas y administrativas que compromete directamente al jefe comunal y a las áreas sensibles de la administración local.

Un cúmulo de irregularidades administrativas

Del análisis del fallo surge que el Tribunal de Cuentas detectó múltiples irregularidades en la gestión económico-financiera del municipio, entre las que se destacan:

- Incumplimientos reiterados de la normativa vigente en materia de administración financiera y contable.

- Deficiencias en la registración presupuestaria y contable de gastos e ingresos.

- Falta de respaldo documental suficiente en distintas erogaciones.

- Observaciones en el manejo de fondos afectados y cuentas específicas.

- Irregularidades en procedimientos de contratación y compras.

- Falencias en los registros patrimoniales y en el control de bienes municipales.

El Tribunal dejó asentado que varias de estas observaciones no fueron debidamente subsanadas durante el proceso de descargo, lo que evidenció un funcionamiento administrativo deficitario y persistente.

Responsabilidad directa del intendente y su gabinete

El fallo es explícito al señalar que las irregularidades detectadas se produjeron bajo la órbita de responsabilidad directa del intendente Alfredo Fisher, en su carácter de máxima autoridad del departamento ejecutivo y responsable final del cumplimiento del régimen legal de administración financiera municipal.

Además del jefe comunal, el Tribunal de Cuentas analizó de manera individual la conducta y los descargos de los funcionarios alcanzados por el fallo. En concreto, la resolución identifica al intendente; al contador municipal y responsable de los sistemas de Contabilidad, Presupuesto y Administración de Bienes Físicos, Ricardo Oscar Maitini; y al secretario de Economía y Finanzas, Sergio Miguel Ferraro, como responsables directos en las irregularidades observadas durante el ejercicio 2024.

Para el organismo de control, la distribución de funciones no exime de responsabilidad política al intendente, quien debe garantizar que los sistemas administrativos funcionen conforme a la ley y que los recursos públicos sean gestionados con transparencia y trazabilidad.

Multas y sanciones económicas

A diferencia de otros fallos del Tribunal de Cuentas que derivan en sanciones pecuniarias, en el caso de la municipalidad de Laprida el organismo de control resolvió aplicar sanciones disciplinarias, sin imponer multas económicas.

En concreto, el Tribunal dispuso una amonestación formal al intendente Alfredo Rubén Fisher y al contador municipal Ricardo Oscar Maitini, mientras que al secretario de Economía y Finanzas Sergio Miguel Ferraro se le aplicó un llamado de atención, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la ley 10.869.

Si bien estas sanciones no implican desembolsos monetarios, el propio Tribunal dejó asentado que quedan registradas como antecedentes administrativos y políticos, y constituyen una advertencia expresa frente a las irregularidades constatadas en la gestión económico-financiera del municipio.

Un fallo que expone el funcionamiento del estado local

Más allá del impacto de las sanciones, la resolución del Tribunal de Cuentas expone un problema de fondo: deficiencias estructurales en los mecanismos de control interno del municipio de Laprida y una gestión que no logró ajustarse plenamente a los estándares exigidos por la legislación provincial.

El fallo no solo interpela al intendente Alfredo Fisher, sino también al conjunto de funcionarios que tuvieron bajo su responsabilidad áreas críticas del estado municipal. En términos políticos, la resolución vuelve a poner en discusión la calidad de la administración local, el control del gasto público y el uso de los recursos que pertenecen a la comunidad de Laprida.

Fuente: REALPOLITIK