La investigación, como había informado LA NACION hace casi dos años, comenzó de una manera similar al inicio del expediente que descubrió una millonaria defraudación en la Legislatura bonaerense, donde una organización delictiva cobraba el sueldo de supuestos "ñoquis": dos personas que extraían dinero de cajeros automáticos con varias tarjetas de débito. El horario de las extracciones y la cantidad de operaciones llamó la atención de un policía que recorría la zona para prevenir delitos y derivó en una pesquisa que puso al descubierto una asociación ilícita que conseguía planes sociales y se quedaba con la mitad del dinero que recibían los beneficiarios. Ahora, después de un juicios abreviado, los sospechosos fueron condenados.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La jueza Cinthia Oberlander, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteo N°5, condenó a José Roberto R., apodo Jota y de 57 años; Maximiliano Gabriel H., de 31, y Eduardo Alberto G., de 58 y empleado de la provincia de Buenos Aires, a la pena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de asociación ilícita y defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño.

Los tres condenados habían sido procesados en mayo de 2024 por la jueza en lo criminal y correccional porteña Alejandra Provítola. "Los sospechosos realizaban las acciones necesarias para captar a los posibles beneficiarios del programa bajo las condiciones exigidas por la organización, gestionar su ingreso y, luego, ir con cada uno de ellos a retirar la tarjeta de débito y los tickets de la primera extracción, a fin de poder rendir cuentas a los organizadores y/o jefes que les daban las indicaciones, para luego, continuar percibiendo de forma mensual e ilegítima, la mitad de cada uno de esos haberes, y lograr que la cantidad de víctimas y de asistentes a las manifestaciones sociales creciera", sostuvo, en su momento, la magistrada.

La investigación, en la que intervino la fiscal Marcela Sánchez, se inició los primeros días de diciembre de 2019, pocas horas después de la situación advertida por el policía Diego Barone en el sector de cajeros automáticos de la sucursal del Banco Nación situada en Callao al 100, en el barrio porteño de San Nicolás.

"Barone, quien se encontraba cumpliendo tareas de prevención de ilícitos en esa zona, observó que dos hombres habían ingresado a dicha entidad bancaria y habían comenzado a operar en los cajeros automáticos que allí se encontraban emplazados con diferentes tarjetas de forma consecutiva, retirando dinero. Barone, al declarar como testigo, dijo que luego de ello, los imputados se habían retirado del lugar y, tras dos o tres minutos, habían ingresado nuevamente y se dirigieron a los cajeros automáticos y habían continuado operando con diferentes tarjetas, extrayendo dinero de cada una de las operaciones. Que frente a ello, en el entendimiento de que las operaciones realizadas podían encontrarse relacionadas con tarjetas robadas, hurtadas y/o clonadas, había procedido a la identificación de los imputados, a fin de constatar su identidad y determinar si las tarjetas que se encontraban operando eran de su propiedad", según el expediente judicial.

Al acercarse a los sospechosos, el uniformado advirtió que en el cajero automático se podía leer: "bienvenida Alejandra Claudia A." y en poder de uno de los hombres secuestró seis tarjetas "las cuales poseían inscripto con marcador indeleble un número de cuatro cifras".

Pocas horas después, la jueza Provítola ordenó allanar los domicilios de los sospechosos donde se secuestraron elementos de importancia para la causa, como "una nota manuscrita que decía 'MAXI TOTAL 156.000?, una tarjeta no identificada del Banco Nación y documentación". Una de las anotaciones estaba encabezada con la leyenda "para compartir" y tenía varios nombres de supuestos beneficiarios de planes sociales.

En su momento, fuentes judiciales habían informado a LA NACION que los tres sospechosos procesados eran "punteros políticos" o "referentes sociales" en barrios del conurbano.

Víctimas

En la sentencia se hizo referencia a 20 víctimas, quieres declararon que le tenían que entregar a los sospechosos la mitad del dinero que extraían de los cajeros automáticos.

"Considero como agravantes la gran cantidad de víctimas y que se aprovecharon de su vulnerabilidad, en tanto cumplían con los requisitos exigidos por la norma para acceder a un plan social", sostuvo la jueza Obelander.

Y agregó: "Considero que se ha probado que todos los intervinientes han tenido un rol activo en los eventos bajo análisis, habiendo planificado y concretado una clara distribución de funciones durante su ejecución para lograr el éxito de las maniobras fraudulentas".

En la etapa de juicio, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi.

Por Gabriel Di Nicola para La Nación