"No quiero ser una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. [Lo] lamento mamá por esta estúpida decisión", escribió de puño y letra Rodrigo Gómez, el soldado que el 16 diciembre pasado se suicidó de un balazo en la cabeza en la quinta de Olivos, cuando estaba de guardía. El joven de 21 años era víctima de una banda de extorsionadores que operaba desde cárceles bonaerenses.

En otro fragmento de la carta, Gómez agradeció al Ejército por la oportunidad que tuvo de integrar sus filas. "Gracias a todos. Lo lamento mucho", escribió.

El soldado cayó en la trampa de una banda de estafadores que creaban perfiles falsos de mujeres en una app de citas. Gómez pensó que había conocido a una joven, pero en realidad era una puesta en escena y terminó siendo extorsionado.

La pista para descubrir el plan criminal estaba en la carta de despedida que Gómez escribió para su familia y camaradas.

"Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. Estoy con problemas legales y muchas deudas. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así, no le tengo miedo a la muerte, sí respeto. Tengo miedo de decepcionarlos", escribió en la carta de despedida el soldado, según reveló la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva en una conferencia de prensa donde estuvo acompañada de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, magistrada que interviene en el expediente donde se investiga la muerte de Gómez.

Según pudo saber LA NACION,fueron varias las transferencias que hizo el soldado a cuentas de billeteras virtuales.

Un día antes de que Gómez se quitara la vida, recibió varias llamadas. Primero no atendió. Era el mediodía del 15 de diciembre pasado. A las 17.34 hubo una comunicación de diez minutos de duración con una línea telefónica de La Plata.

Una vez finalizada la comunicación, el soldado envió el comprobante de una transferencia por $213.000. Pocos minutos antes de las 18 hizo otra operación por $400.000 y a las 18.38 otra más por $500.000, así consta en documentación a la que accedió LA NACION.

Al día siguiente, a la madrugada, cuando Gómez ya estaba muerto, recibió un mensaje de WhatsApp que decía: "No veo el comprobante" y, entre las 9.05 y las 9.22 recibió tres llamadas desde la citada línea radicada en La Plata.

Como se dijo, todo comenzó en una app de citas. Tras los primeros mensajes, continuaron los intercambios en chats por WhatsApp.

Después llegaba lo que la organización criminal llamaba "el audio del terror": un mensaje de voz de la supuesta madre de la joven donde acusaba a la víctima de ser un degenerado porque su hija era menor de edad.

El plan criminal continuaba con la aparición de un supuesto policía que le exigía dinero a cambio de que la causa judicial no avanzara.

La Pyme del delito, como fue definida la organización criminal, le usurpó la identidad a un oficial de la Policía de la Ciudad para concretar el plan criminal.

Detrás del plan criminal estaban tres delincuentes que estaban presos en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y que, con el avance de la investigación fueron trasladados a unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En la citada conferencia de prensa, la ministra Monteoliva afirmó: "Un teléfono celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirle que tenga un arma en la celda. No se puede permitir en ninguna cárcel del país".

Anoche, en el canal de noticias LN+, la jueza Arroyo Salgado sostuvo: "Hoy la vida es un 80 por ciento digital. Entonces si tengo una pena privativa de la libertad es porque estoy sometido a un proceso por un delito grave o porque estoy condenado. Y si tengo un instrumento como es un celular, mi libertad física está privada, pero tengo la libertad de llegar a donde quiero y de cometer los deltios digitales que quiero, porque teng un uso irrestricto día y noche".

Y agregó: "Las cárceles, con el celular, terminan convirtiéndose en una Pyme del delito. Y también es una universidad del delito porque hablan de cómo seguir [delinquiendo]".

De la investigción por el suicidio del soldado Gómez la División Homicidios, que depende de la Superintendencia Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la misma fuerza de seguridad.

"Gracias al trabajo estratégicamente coordinado -entre la Justicia Federal de San Isidro y la División Homicidios de la Policía Federal- hoy el Estado argentino puede decir, con firmeza y con sustento, que esta muerte violenta no fue un hecho inexplicable y que no es un hecho que quedará impune", dijo la jueza Arroyo Salgado durante la citada conferencia de prensa.

LA NACION