El problema de las motos, sus ruidos molestos y los peligros de su uso irresponsable está siendo combatido con una figura del Código Penal que representa un delito y, en ese contexto, mediante la presentación de la prueba ante la Justicia de Garantías, se consiguen órdenes de allanamiento en los que finalmente los vehículos son secuestrados con muy pocas chances de restitución.

De manera reciente, se conoció el resultado de tres allanamientos en los que fueron incautadas distintas motos que, probablemente, sus dueños tal vez terminen resignándolas, entre otros factores, por el costo de las multas que generan sus irregularidades.

En ese sentido, el ayudante fiscal, doctor Juan Carlos Ustarroz, le explicó a LA VOZ DEL PUEBLO cómo se definió esta forma de reducir el número de infractores en moto, "las motos escapan a los controles policiales. Es muy difícil atrapar una moto que, generalmente está fuera de toda norma. No tienen seguro, están conducidas por menores de edad, no tienen licencia, usan escapes libres y huyen de la policía sin que se las pueda perseguir porque podrían ocurrir accidentes que lamentaríamos todos", dijo.

Con ese escenario, Ustarroz y sus colegas del Fuero de Responsabilidad Juvenil, comenzaron a trabajar en la elaboración de una estrategia que permita aprovechar las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, para determinar conductas punibles y actuar sobre ello, "el Código Penal castiga las pruebas de velocidad y de destreza (artículo 193 bis) entonces eso nos habilita a pedirle allanamientos al juez de Garantías. Lo que tenemos que dejar es la prueba para hacer el allanamiento y secuestrar la moto", explicó antes de precisar que no es necesario medir la velocidad del vehículo para configurar el delito, "el Código Penal habla de `prueba de velocidad', no de `exceso'. Prohíbe las picadas y las pruebas de destreza, como alguien cuando viene haciendo Willy".