Breve historial

En 2022, uno de los primeros hechos delictivos graves que se originó en una cárcel fue el caso de "sextorsión". Este término describe la extorsión que sufren las víctimas, a menudo acusadas de haber contactado a "una menor", una acusación sin fundamento que se utiliza para delinquir. Un caso emblemático fue el de Juan Carlos Woldryk, quien fue víctima de esta acusación y extorsión. Desapareció sin dejar rastro, y su paradero sigue siendo un misterio.

El pasado mes de diciembre, otro hecho similar tuvo trágicas consecuencias: un granadero se suicidó en la Quinta Presidencial de Olivos tras ser acusado y extorsionado por supuestos contactos con una menor. Este hombre, agobiado por la presión, realizó varios pagos solicitados para "frenar la investigación", pero la extorsión continuó. Endeudado y sin salida, tomó la decisión de quitarse la vida.

El presente que nos apura

Esos casos han reavivado el debate sobre la autorización del uso de celulares en las cárceles, permitida durante la pandemia cuando las visitas familiares estaban restringidas para evitar contagios de COVID-19.

Sin embargo, la pandemia terminó y los celulares no fueron retirados. Así, se les dejó una herramienta poderosa que les permite seguir delinquiendo y estafando a la población externa.

La situación requiere decisiones fuertes y urgentes. La posibilidad de que los presos utilicen celulares para coordinar actividades delictivas, no solo pone en riesgo a las víctimas, sino que también desafía la capacidad del sistema penitenciario para controlar la criminalidad. Las autoridades deben abordar esta problemática con urgencia, implementar medidas efectivas y restringir el acceso a la tecnología que facilita el delito. Hoy esto, parece salido de control.

Como sociedad exigimos respuestas y soluciones que no solo garanticen la seguridad de los ciudadanos, sino que también busquen la rehabilitación y reintegración de los internos, por los carriles de siempre, teniendo como prueba que cuando se les facilitan medios para "incluirlos", ellos los utilizan para delinquir. La lucha contra la extorsión y el uso de celulares en las cárceles argentinas es un desafío que requiere colaboración y compromiso de todos los sectores.

Los celulares permiten a los internos coordinar actividades delictivas, como extorsiones, tráfico de drogas y hasta el manejo de bandas criminales. Esta situación no solo pone en riesgo la seguridad de la población, sino que también dificulta el trabajo de las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario.

Las estadísticas indican un aumento en los delitos vinculados a la criminalidad organizada, muchos de los cuales son orquestados desde las cárceles. Las autoridades deben implementar estrategias para combatir este fenómeno, incluyendo controles más estrictos y, entre otros, el bloqueo del uso de celulares en los pabellones.

En conclusión, el uso de celulares en las cárceles argentinas es un fenómeno complejo que requiere de un enfoque multidimensional para ser erradicado. La colaboración entre el Estado, la sociedad y las organizaciones no gubernamentales será esencial para enfrentar este desafío.

jcantero@elfenixdigital.com