Una fuerte preocupación y un gran enojo crece en el sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires por las elevadas cifras que tienen que pagar por el impuesto inmobiliario rural. Muy atrás quedó ese tope del 200% que sancionó la Legislatura bonaerense a fin de diciembre pasado. Porque, como toda normativa tiene sus vericuetos, los productores al final terminaron pagando hasta un 520% más por algunas parcelas, según alertaron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

En este escenario, la Mesa de Enlace provincial, que además de Carbap integran Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA), decidieron enviarle una nota al gobernador Axel Kicillof para pedir primero la postergación del pago del tributo hasta tanto se resuelvan los parámetros de lo que consideran un desmedido incremento.

En la nota al gobernador hablaron de "las inconsistencias en la emisión de las boletas de pago del Impuesto Inmobiliario Rural en las cuales en muchos casos se vulnera los topes aprobados en la ley fiscal 2024 para las distintas escalas de establecimientos rurales y que fueran aprobadas por los diputados y senadores bonaerenses".

Vale recordar que, en un primer momento Kicillof pretendía, y así se vio su proyecto de presupuesto enviado a la Legislatura, subas del impuesto inmobiliario rural de hasta un 300%, que llevó al rechazo del sector. Sin embargo, luego con acuerdo y apoyo opositor, el oficialismo logró consensuar un tope de aumento del 200%, y el campo se mostró satisfecho al respecto.

La idea de la entidad es pedir "la postergación del tributo y la readecuación de todos los errores que se están cometiendo"

Pero, poco duraría esa calma porque, cuando comenzaron a llegar las boletas en los domicilios de los contribuyentes nada se asemejaba a lo acordado esa madrugada del 29 de diciembre en La Plata. Y fue así que las entidades comenzaron a recibir una catarata de reclamos por parte de los productores por los incrementos del inmobiliario bonaerense.

Carbap fue quien recogió el guante y tomó la posta. Ayer se reunieron en el Consejo Directivo para buscar la forma de tratar de torcer algunos puntos de la normativa cuestionada. La idea de la entidad es pedir "la postergación del tributo y la readecuación de todos los errores que se están cometiendo".

"Uno de los problemas está en que ese 200% la Legislatura terminó acordando que sería para aquellas parcelas que tengan un valor de hasta $199 millones de base imponible. Para las que superen dicha base imponible no tienen tope. Entonces empezaron a aparecer muchas parcelas por arriba de ese porcentaje porque, al aplicarle el 12,1% de aumento a la base imponible, quedaron por encima del tope con aumentos de hasta el 520%, una locura", dijo a LA NACION Horacio Salaverri, titular de Carbap.

En detalle, la legislación muestra la escala de acuerdo a la base imponible: hasta $3.544.400, un 140%; hasta $8.127.288, 180%; hasta $19.986.324, un 190% y; hasta $198.940.000, el 200% de incremento. Si se supera esa base imponible no existe tope.

Otro tema que advirtió el dirigente es que antes los productores tenían un descuento por estar al día (buen cumplimiento) y por pago electrónico que representaba entre ambos entre el 15 y 20%. Era una prerrogativa del gobernador que ahora ese beneficio lo eliminó. "Cuando uno compara boleta contra boleta es mucho mayor al 200%. Si se saca los beneficios, lo que se llama en derecho tributario incidencia, es más del 240% y 280% lo que se termina pagando", explicó.

Por eso, además de la postergación del tributo, otro de los pedidos al gobernador es la restauración de los beneficios que se tenían, sumado a "la revisión de las parcelas que están mal valuadas o con los montos han sido excesivos que no podían superar el 200%". Para Salaverri, existe, en este sentido una enorme distorsión.

En este marco, la Mesa de Enlace provincial solicitó "reinstaurar los beneficios por buen contribuyente y adhesión al débito automático o pago electrónico que fueron quitados imprevistamente por ARBA. Bajo ningún concepto el productor debe pagar un impuesto que supere el tope del 200 % real de aumento".

"No está claro porque hay parcelas similares, donde alguna le aumenta el 210% y la otra el 350%. Técnicamente no sabemos si hubo una carga errónea de datos pero no debería fallar el sistema. También vamos a pedir desde Carbap que el tope para las parcelas con base imponible mayor a $198 millones sea hasta el 250%", expresó.

Tras el envío de la misiva, el presidente de Carbap no descartó una reunión con el gobernador para conseguir destrabar las cosas. "Es una situación compleja para el sector. Tenemos que ver cómo actuar desde nuestra entidad y qué acciones gremiales a seguir si esta carta no surte efecto. Será cuestión de accionar sobre la Legislatura también, involucrar a los legisladores. La primera instancia es ir con un pedido al gobernador, sino lo resuelve entraremos en otra situación", finalizó.

En tanto, la Mesa de Enlace provincial señaló: "El incumplimiento de lo aprobado en la ley fiscal, excediendo la capacidad contributiva del productor agropecuario, ocasionará un perjuicio recaudatorio a la provincia más allá de acciones de litigiosidad que serían evitables. Lo aprobado por la Legislatura provincial en la ley fiscal 2024 es de por sí un importante esfuerzo del productor agropecuario para con las arcas provinciales, en las actuales condiciones climatológicas y productivas que no debiera ser desestimado".

Ante una consulta de LA NACION sobre el planteo de las entidades, fuentes del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, señalaron que, "frente a los actuales niveles de inflación anual del 254%, que será aún más alta con los números de febrero, la actualización del inmobiliario rural para la enorme mayoría de los productores muestra una baja en términos reales".

Añadieron: "Cabe reiterar que, llegado el caso de alguna partida que generara dudas acerca de su correcta elaboración, pueden enviarla por los mecanismos habituales de comunicación al Ministerio para su revisión. A la fecha no hemos recibido ninguna".

Por Mariana Reinke

Fuente La Nacion