Esta semana nos enteramos que el diputado Roberto Vazquez, del espacio polítco "Fuerza Patria", ha presentado un Proyecto de Ley, en la Legislatura Bonaerense, denominado "Sistema Provincial de Identificación y Seguridad para bicicletas", a través de un código QR que se insertaría en el cuadro de la bicicleta, con el supuesto fin de evitar robos o la venta ilegal de dichos rodados.

Aunque el Proyecto se presente bajo motivos de seguridad, la experiencia histórica demuestra que estos registros estatales suelen transformarse rápidamente en herramientas de recaudación fiscal. El grabado obligatorio y la emisión del código QR imponen un costo operativo que, tarde o temprano, terminará pagando el usuario de manera directa a través de un arancel o indirecta mediante multas por incumplimientos. El Estado no debe gravar ni burocratizar un vehículo cuya libre circulación debería ser incentivada y no regulada. Esto va a representar una nueva estructura que demandará presupuesto público en software, servidores, personal de control y campañas de difusión. Los impuestos de los ciudadanos bonaerenses deben financiar un sistema de seguridad y una justicia penal eficiente que atrape a los delincuentes y no una burocracia destinada a empadronar bicicletas.

Si queremos seguridad se debe combatir el delito, no inflando el gasto público.

Además este Proyecto tiene un grave vicio de inconstitucionalidad porque se pretende legislar sobre el derecho de propiedad la cual se encuentra reservada al Congreso Nacional; por otra parte el CCCN, en su art. 1895, considera a las bicicletas como bienes muebles no registrables y una ley provincial no puede modificar esta condición ni obligar a los ciudadanos a matricular un objeto libre para demostrar que les pertenece.

Un sistema que busque eliminar el anonimato de las bicicletas atenta contra el art. 14 de la C.N. el cual garantiza el derecho de transitar libremente por el territorio nacional. Al transformar la identificación en algo obligatorio, se invierte la carga de la prueba y entonces todo ciclista sin código QR pasa a ser un sospechoso de comercialización ilegal o robo. El control estatal no puede constituirse sobre la base de la sospecha generalizada ni de la restricción de las libertades individuales.

La intencionalidad de este Proyecto de ley no es algo tan novedoso ya que en diversas partes del mundo hubo intentos fallidos en la pretensión de imponer impuestos a las bicicletas. En Países Bajos, entre 1924 y 1941, los ciclistas tenían que llevar una medalla metálica obligatoria en la estructura de la bici o en el pecho, pero esta disposición se eliminó durante la Segunda Guerra Mundial. En Francia, en 1893, ocurrió algo similar y se abolió en el año 1958. En Indonesia se cobraron impuestos a las bicicletas hasta el año 1970. En Argentina, se destaca el caso de Mar del Plata, donde en el año 1943 se intentó imponer una patente a las bicicletas provocando una huelga general que paralizó la ciudad durante 18 días porque la bici era el medio de transporte que utilizaban los trabajadores; allí, la presión social hizo que se derogara esa norma.

En el año 2016, en La Plata, hubo un intento de gravar las bicicletas y también en la Ciudad de Buenos ocurrió lo mismo en el año 2022, pero el alto rechazo por parte de los ciclistas evitó el avasallamiento de los derechos.

El objeto de esta reflexión es demostrar que cada vez que se impuso una norma que restringe derechos y libertades, de manera caprichosa e irracional, los únicos que se benefician son los políticos y en detrimento de la gente que trabaja y que injustamente debe sostener los lujos que pretenden mantener los "reyes del siglo XXI".