Mientras el país avanza hacia el alivio fiscal, la provincia de Buenos Aires y el municipio de Benito Juárez responden con aumentos. Detrás de la excusa de los "recortes nacionales", los números oficiales exponen presupuestos millonarios y un sistema de ineficiencia local que lleva décadas ocultando la verdad.

¿Gastar más para estar mejor?

Cuando a un vecino no le alcanza el sueldo, lo mínimo que espera de sus gobernantes es que cuiden los recursos con la misma austeridad que él aplica en su casa. A nivel nacional, el rumbo es claro y concreto: reducir la inflación, achicar el gasto político y aflojar la carga impositiva. Sin embargo, al observar nuestra provincia y nuestra propia ciudad, la sintonía es exactamente la opuesta. Desde la gestión local y la gobernación de Axel Kicillof, la receta ante la crisis ha sido ahogar al contribuyente con nuevas tasas y repetir un discurso inamovible: "no podemos hacer obras porque Nación nos cortó los fondos". Pero cuando el periodismo cruza los datos oficiales, el relato del victimismo financiero se desmorona.

¿No hay plata?

La queja constante sobre la falta de dinero choca contra sus propios presupuestos. En 2025, la gestión de Kicillof ejecutó un récord de más de $58.300 millones destinados exclusivamente a publicidad oficial. A nivel local, el municipio de Benito Juárez aprobó para el año 2026 un presupuesto superior a los $45.237 millones. Dinero hay; el problema es el derroche y las prioridades. Tres ejemplos recientes demuestran cómo funciona esta maquinaria de

ineficiencia que siempre busca un culpable afuera:

Una década de demoras y un cartel de excusas

Si se busca entender cómo se malgasta el dinero público, el caso del Centro de Desarrollo Infantil (ex Jardín Maternal Barrio Obrero) es la muestra perfecta. Esta obra comenzó hace 11 años. El municipio recibió la mitad de los fondos en 2015, pero pasaron siete años sin que se pusiera un solo ladrillo. Para ocultar esta década de fracasos locales, la gestión de Julio Marini colocó, a principios de 2024 un cartel culpando al Gobierno Nacional por la suspensión. La maniobra es de manual. Incluso en 2025, Kicillof utilizó este mismo jardín en campaña para atacar a la presidencia, inyectando más millones para terminar entregando un edificio de menor calidad a la prometida.

El colmo tributario: cobrar impuestos por casas sin entregar

El segundo engranaje de este sistema local golpea directamente el bolsillo: el programa de las 75 viviendas. Anunciado en 2016, pasaron diez años y los materiales siguen pudriéndose a la intemperie mientras las familias juarenses esperan su techo. Sin embargo, lo verdaderamente insólito fue revelado hace poco en el recinto deliberativo: el municipio les está cobrando tasas y servicios a vecinos por terrenos y casas que todavía no les adjudicaron. Es la trampa fiscal perfecta. El Estado local, que maneja un presupuesto multimillonario, asfixia al ciudadano cobrándole impuestos por una casa vacía, obligándolo a hacer malabares para pagar, al mismo tiempo, un alquiler.

La regla del silencio y las historias clínicas tachadas

Para que estas irregularidades ocurran sin costo político, hace falta un cerrojo institucional. Ese rol lo cumple el Concejo Deliberante, convertido en un escudo del Ejecutivo donde la mayoría oficialista aprueba todo a libro cerrado. Como señaló un histórico referente local, en Juárez "es más seguro negar que responder". El punto más oscuro de esta opacidad estalló en el área de Salud. Ante un pedido de informes por la intervención en una cesárea de un médico sumariado por hechos graves, saltó a la luz una desprolijidad alarmante: historias clínicas con faltantes y nombres de profesionales tapados con corrector líquido. La respuesta de quienes gobiernan no fue investigar para llevar tranquilidad a las madres, sino bloquear los pedidos de informe para sostener que "aquí no pasa nada".

El fin de la caja negra y el costo de mirar para otro lado

En las últimas sesiones, el oficialismo ensayó una defensa repetida a la perfección: culpar a la Nación por la eliminación de las famosas "transferencias discrecionales". Omiten decir que esos fondos extra, enviados a dedo por fuera de la coparticipación de ley, funcionaron históricamente como una caja negra de la política, usada para comprar voluntades sin rendir cuentas a nadie. El argumento choca de frente contra su propio pasado. Si hoy dicen que no pueden terminar las 75 viviendas por el "ajuste", la pregunta es obligada: ¿por qué no las terminaron entre 2016 y 2023, cuando esos fondos discrecionales fluían sin restricciones? Tuvieron los recursos, el tiempo y la alineación política, pero las casas quedaron a medio hacer. Hoy no lloran por la falta de recursos, sino por la pérdida de una billetera que les permitía tapar sus ineficiencias. El verdadero plan del oficialismo local es que mires la televisión y canalices tu enojo hacia la Casa Rosada, para que nunca le exijas respuestas al Palacio Municipal. Ellos deciden cómo gastar y cometen los errores de gestión, pero, al final del día, el costo de esa mala política lo termina pagando siempre el mismo: el vecino de Benito Juárez.