Fuente: Perfil

El juez en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó este lunes 19 de julio la feria judicial, y ordenó medidas de prueba en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, durante el golpe de Estado que derrocó al expresidente Evo Morales.

Tras el pedido del fiscal Claudio Navas Rial, López Biscayart habilitó la feria judicial de invierno y ordenar medidas de prueba luego de la imputación al expresidente Mauricio Macri, y a los exministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Oscar Aguad. La ex titular de la cartera de Seguridad ya designó a un abogado defensor, el letrado Julián Curi.

El magistrado solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que aporte "de inmediato" el original de la carta que figura como recibida "en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia identificada con el número de nota 184 AB, con fecha de ingreso 15 de noviembre de 2019", consignó Télam de fuentes judiciales.

En esa línea, requirió que informe "con el respaldo documental del caso, si en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Dr. Normando Álvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo de la Embajada".

Se pidieron también entre las pruebas los registros fílmicos "que hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020)".

Asimismo, al responsable de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar), solicitó que "en 48 horas aporte constancias sobre la autorización de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019 y registros fílmicos del momento de carga de la aeronave". En tanto, solicitó además los datos personales de los encargados de carga y descarga.

Por otro lado, el juez rechazó un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para "tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados", se detalló.