Por Mercedes Joury

A comienzos de 2016 cuando tuvimos la primera reunión con María Eugenia Vidal como gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, yo era Directora Provincial de Reforma Política y me impactó la claridad con que ella manifestó la necesidad de seguir un camino difícil, pero posible. Era el camino de la institucionalidad republicana a través de la reforma política: profundos cambios que la provincia necesitaba y nadie se había animado a realizar.

Así surgió, impulsado por el consenso de la mayoría de los espacios políticos, el proyecto que se terminó convirtiendo en ley en agosto de ese año, que limitaba las reelecciones indefinidas de legisladores provinciales, intendentes y concejales en la Provincia de Buenos Aires. Gracias a la implementación de esta ley garantizamos que ningún Intendente se perpetúe en el poder, ni en el Conurbano ni en el interior de la provincia.

Desde el regreso de la democracia en 1983 hasta la última elección de 2019, son muchos los "Barones" que se enquistaron en el poder: tres intendentes gobernaron por siete períodos consecutivos, cuatro estuvieron en el cargo por seis períodos seguidos, y cinco se mantuvieron en el poder por cinco mandatos ininterrumpidos.

Ninguno de estos Barones que gobernaron sus municipios por más de 28, 24 o 20 años como si fueran feudos personales, podrán seguir gobernando a partir de 2023.

La provincia de Buenos Aires no es la única donde el límite a las reelecciones indefinidas es ley, las provincias de Neuquén, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también cuentan con este límite.

Sin embargo, en nuestra Provincia en los últimos días surgieron algunos cuestionamientos que se manifestaron a través de cambios de opinión y vacilación por parte de algunos dirigentes que en su momento la apoyaron, con la presentación de una iniciativa en la legislatura para modificar la normativa y hasta un fallo judicial vergonzoso que suspendió la aplicación de la ley con argumentos absolutamente falaces de inconstitucionalidad.

La ley no deja lugar a dudas y no admite interpretaciones contradictorias ni en su letra ni en el espíritu del legislador. Al contrario, debe ser el primer paso de una reforma política integral que nos debemos como sociedad y que tenemos que debatir también en el Congreso para mejorar la calidad institucional, transparentando el acceso a los cargos con proyectos como el de Ficha Limpia y modernizando y simplificando el proceso electoral con la Boleta Única.

La alternancia política es, sin dudas, un signo de madurez institucional. Imponer límites en este sentido es clave para fortalecer el sistema republicano a través de uno de sus principios fundamentales como es la periodicidad en los cargos públicos, promoviendo la alternancia política y la transparencia institucional, y reforzando a su vez la democracia interna en los partidos políticos. Hace cinco años dimos un gran paso en este sentido. En vez de discutir cómo volvemos hacia atrás, dándole un pésimo mensaje a la ciudadanía, los dirigentes de todos los espacios políticos deberíamos comprometernos con el siguiente paso, generando los consensos para seguir avanzando con políticas de largo plazo que estén por encima de los intereses personales o partidarios, apostando siempre por un futuro con mayor institucionalidad.