Jubilados y jubiladas de mi Patria, todos sabemos las escandalosas jubilaciones y pensiones que cobra la vicepresidente Cristina Fernández, que hoy llegan a tres millones doscientos mil pesos por mes, otorgadas en forma exprés por su acomodada, fanática kirchnerista Fernanda Raberta, quién quizás en agradecimiento por el cargo recibido retiró la apelación de la ANSeS, mientras que a nosotros los jubilados normales nos apelan todas las sentencias favorables hasta la sentencia firme de la Corte Suprema.

Graciela Ocaña intenta poder apelar esto, pero es rechazada por el Tribunal y por la Cámara, porque pese a que la Constitución diga que no, la seudo doctora Cristina Elisabeth Fernández, goza de prerrogativas de sangre, tiene fueros personales y parece que también títulos de nobleza, entonces muchos de nuestros jueces no se le animan.

Colegas jubilados, protestemos y agitemos nuestros votos que son muchos, ejerzamos nuestros derechos, no nos los reservemos para ejercerlos más adelante porque será tarde, digámosle a la Justicia que la ANSeS hizo mal esa liquidación y quiero suponer que usaron el mismo error con todas las liquidaciones a ex presidentes, porque, el art. 92 de la Constitución Nacional expresa claramente que: "El Presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos...", pero yo creo que a los presidentes y vicepresidentes de nuestro país les deben estar actualizando periódicamente sus sueldos para compensar el minusvalor que provoca la inflación, que ellos mismos crean, cosa que a todas luces sería inconstitucional.

No bajemos los brazos.

Rafael Madero / rafamadero@hotmail.com.ar

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Voces, reclamos y esperas de jubilados

Aun cuando se logre refinanciar la deuda con el sacrificio y en desmedro de los sectores productivos y de los indefensos jubilados, el país volverá a fracasar si no se decide reducir drásticamente el gasto de la política. Nación pobre, con abundancia de políticos ricos. Es necesario disminuir drásticamente el sostenimiento de un aparato estatal gigante, pesado y mal administrado; reducir el costo de la política con menos cargos electivos, menos asesores rentados, (los asesores deberían ser proporcionados por los partidos políticos, sin costo para el Estado), menos subsidios y sin prebendas.

La Argentina no está en condiciones de financiarlas. Con ejemplos de austeridad de los gobernantes, compartiendo las penurias que sufre la sociedad, hoy ausentes por demás, se afianzará el sistema democrático y así tal vez, se vuelva a creer en la dirigencia política, punto de partida necesario para aunar sacrificios en pos de un nuevo proyecto que apunte a un sostenido crecimiento económico y social de todos los habitantes de la Nación argentina.

Jorge A. Cardoso / jinete@outlook.com

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En un fin de semana asombroso, los ciudadanos argentinos asistimos impávidos a una triple obscenidad, entendiendo como tal la grosería y lo escandaloso de los hechos que nos ocupan.

Los mismos se han dado en tres planos diversos pero a la vez complementarios. En el plano previsional, un DNU publicado en el Boletín Oficial (809/2021) redujo en 12.000 millones de pesos la partida de la ANSeS para el pago de sentencias firmes en los juicios ganados por jubilados. Todo esto mientras a la actual vicepresidenta se le abonará sin apelación su jubilación de presidenta, la pensión de su marido y su actual sueldo, más las retroactividades correspondientes. Una inmoralidad.

En el plano financiero, se eliminan los pagos en cuotas con tarjetas para los viajes y gastos en el exterior. El hecho limita el derecho constitucional de entrar y salir del territorio, al menos en igualdad de condiciones ante la ley, como establece otro precepto de la Ley Fundamental. Una injusticia y un mazazo a la clase media en extinción.

Finalmente, en el plano judicial, una decisión vergonzosa de un tribunal que sobresee a la familia vicepresidencial íntegra y sus presuntos cómplices sin haber llevado a cabo el juicio solicitado por la fiscalía. Una vergüenza. Todo esto ¿será respuesta a la opinión ciudadana que casi en un 70% votó el 14 de noviembre en contra del Gobierno. ¿Y el diálogo? ¿Y el respeto a la voluntad popular?

Jorge N. Butera / jorgebutera@sion.com

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Antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, el Gobierno aspira a obtener apoyo Parlamentario para más de 100 Decretos de Necesidad y Urgencia ( DNU ). Esperemos que el decreto que fijó la nueva modalidad de Movilidad Jubilatoria esté exceptuado de ese tratamiento. Hay un reclamo de jubilados afectados por ese decreto que se encuentra a consideración de la Suprema Corte de Justicia.

Darle un respaldo parlamentario de apuro crearía un conflicto institucional sin precedentes y que perjudica a los jubilados que aportaron años para tener el haber jubilatorio que corresponde.

Carlos A. Castriota / ccastriota2004@yahoo.com.ar