Fuente: Clarín

La Cámara federal porteña, confirmó el procesamiento del financista Ernesto Clarens, a Sergio, Fausto Gotti y otros imputados por haber utilizado una estructura societaria y financiera para el lavado de más de 160 millones de dólares. De esta manera dieron por corroborado que parte de los fondos obtenidos de la obra pública concedida por el gobierno de Cristina Kirchner a Lázaro Báez fue volcada a operaciones de blanqueo. Este expediente es conexo al expediente sobre la presunta corrupción en la obra pública, donde la vicepresidenta y Báez están siendo juzgados por asociación ilícita y fraude al Estado.

Los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron la evaluación de las pruebas en contra de Clarens y el resto de los acusados, que había enumerado el juez Julián Ercolini cuando los procesó.?

Durante 2019, la fiscalía de Gerardo Pollicita avanzó en la investigación sobre el movimiento de fondos de Clarens, el financista que supo ser dueño de Invernes SA, firma que tuvo autorización para el cobro de certificaciones de obra que provenían del Estado a nombre de Gotti SA. Esa empresa, como todas las que hacían obras públicas en Santa Cruz, fue absorbidas por Lázaro Báez a través del Grupo Austral, el holding al que Cristina Kirchner favoreció con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos.

De esta investigación se desprende una ruta de dinero millonaria que ahora dio por probada el juez Julián Ercolini, al procesar por operaciones de blanqueo al financista. "Se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Báez y Ernesto Clarens -con la colaboración de una gran cantidad de individuos-", sostuvo.

Según la investigación, se realizaron un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los "fondos sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública". El cálculo inicial arroja 502 millones de pesos, "equivalentes a 160 millones de dólares aproximadamente, a la cotización oficial de entonces".

Lo que se puso en marcha fue un "mecanismo de reciclaje basado en la ficción de costos inexistentes, con el objetivo de dar a dichos fondos apariencia de licitud, alejándolos de su origen espurio y convirtiéndolos en efectivo, lo que obstruyó para siempre su seguimiento".

Como toda maniobra de lavado de dinero, requiere de un delito precedente. En este caso, se determinó que como en otras investigaciones por blanqueo que involucran a Lázaro Báez, a la familia Kirchner y a parte de su entorno, el origen de los fondos que se aplicaron a dichas operaciones es el otorgamiento de obra pública vial.

Vinculada al caso que llevó a la vicepresidenta a su primer juicio por corrupción, la acusación sostiene que en claro "detrimento del erario público", entre los años 2005 y 2009 "se llevó adelante un mecanismo de reciclaje de una parte importante de ese dinero a través de la ficción de costos inexistentes, con el fin de otorgar a dichos fondos apariencia de licitud, distanciándolo de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional".

Así, Báez y Clarens -este último aceptado como "arrepentido" en la causa de los Cuadernos de las Coimas-, junto a un grupo de colaboradores, realizaban sucesivas intermediaciones comerciales y financieras bajo apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real, destinadas a otorgar ropaje de licitud a 502 millones de pesos".

Es decir: fingían gastos y servicios entre empresas vinculadas entre sí que, según especificó el fiscal, no se realizaron efectivamente. Esta hipótesis del fiscal, convalidado por el juez Ercolini con los procesamientos, fue ratificada ahora por la Cámara Federal.

Según la investigación, ese dinero fue finalmente convertido en efectivo, "impidiendo definitivamente su trazabilidad". Esto se consiguió "gracias a un notorio apartamiento de los recaudos y normativa previstos para la registración contable, el uso de cheques y el manejo de dinero en efectivo por parte de los individuos que intervinieron en cada una de las etapas", señalaba Pollicita en su dictamen.

Cuando el juez Julián Ercolini procesó a los involucrados, se señaló que todos ellos tenían "conocimiento del origen ilícito de los bienes" y tuvieron "plena voluntad de darles esa apariencia de licitud", algo que se concluyó durante la investigación a raíz de la "convergencia de múltiples indicios -graves, precisos y concordantes- que revelaban la ilegitimidad de los fondos sometidos a este proceso de reciclaje".

Así, la justicia determinó que la firma Gotti fue escogida por los "conductores de esta maniobra criminal -Báez y Clarens- como la columna vertebral de la operatoria, para constituirla como la sociedad puente "entre la verdadera usuaria de la facturación apócrifa -Austral Construcciones- y los "proveedores"; ello en función de que se encontraba menos expuesta que Austral, no se la relacionaba directamente con Báez, era más fácil esconder entre sus gastos los correspondientes a servicios inexistentes".

Por otro lado, se determinó que Gotti tenía intervenida su administración por Invernes, lo que le permitiría a Clarens no sólo el control de la totalidad del dinero que ingresara y saliera, sino también que "los pagos por los servicios falsos no figuraran a nombre del "comprador" -Gotti- sino de un tercero -Invernes-".