Por Mariano Castagnaro (1) -

La economía argentina está frenada por la imprevisión. Los juicios laborales, las cargas patronales y la presión fiscal desalientan la creación de empresas y la generación de nuevos puestos de trabajo. Comparto algunas propuestas que facilitarían un entorno más favorable para la creación de empleo en el país.

Modernizar el marco jurídico que rige las relaciones laborales es indispensable para comenzar un cambio. La llamada mochila austríaca es un mecanismo para reducir la litigiosidad laboral, esa espada de Damocles que pesa sobre las PyMEs. Tanto Austria como Dinamarca y Brasil adoptaron sistemas de este tipo, en los que el empleado y el empleador aportan cada mes un monto a un fondo diseñado para cubrir la indemnización en caso de despido. Esto brinda una mayor previsibilidad para las empresas y garantiza los derechos de los empleados. No es una política impracticable; de hecho, la UOCRA ya adoptó un sistema similar en Argentina.

Las pasantías son una herramienta útil para fomentar la inserción laboral de los más jóvenes. Otro segmento con dificultades para empleabilidad son las personas de más de 55 años que quedaron desocupadas. Propongo que se exima el pago de cargas patronales por la contratación de personal de más de 55 años. Un alivio similar podría adoptarse para las nuevas contrataciones en aquellas localidades donde la pobreza es superior a la media nacional, como ocurre en gran parte de la primera y la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

Los emprendedores son el motor de la creación de empresas y, por lo tanto, de nuevos puestos de trabajo. Para incentivarlos, propongo que las empresas nuevas sean exentas del pago del Impuesto a las Ganancias durante los primeros tres años. Y que entre el tercero y el quinto año, la tasa del impuesto aumente en forma progresiva hasta alcanzar el pago pleno. Esta medida no afectaría la recaudación fiscal, ya que solo se aplicaría para las empresas nuevas, que hoy no tributan.

Un incentivo adicional podría ser la implementación del modelo chileno en el Impuesto a las Ganancias. ¿Qué significa? Mantener la tasa del impuesto en el 35%, pero dividida en dos tramos: el 18% se paga con base en la ganancia contable y el 17% se tributa solo si hay distribución de dividendos. En consecuencia, si la empresa reinvierte las ganancias, no tributa ese tramo. El objetivo de esta política no es tanto el alivio de la presión tributaria como la promoción de la inversión y la generación de empleo.

Convertir planes en empleo

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación está llevado adelante una iniciativa muy importante: una política de reconversión de planes sociales en empleo. Está basada en la modificación del programa Potenciar Trabajo y contempla tres trayectos: formación, entrenamiento laboral e ingreso al empleo.

El trayecto de formación consiste cursos de oficios brindados por las áreas de capacitación de los sindicatos; la oferta se coordina junto con las empresas de cada provincia de acuerdo a la demanda existente. Los beneficiarios siguen cobrando el plan social, que equivale a medio Salario Mínimo Vital y Móvil.

El trayecto de entrenamiento laboral, llamado Potenciar Oficios, es una instancia de capacitación en las empresas. Durante el periodo de entrenamiento, el capacitado asiste a un puesto de trabajo para aprender haciendo, pero no existe una relación laboral y, por lo tanto, no hoy cargas sociales. El Estado continúa pagando el plan social y se hace cargo tanto de la cobertura de salud como de los seguros por accidente. La empresa se compromete a pagar el equivalente a Salario Mínimo Vital y Móvil en concepto de asignación estímulo. La carga horaria máxima es de 25 horas semanales durante seis meses, con la posibilidad de extenderlo hasta 18 meses. El objetivo final es que los trabajadores capacitados consigan un empleo formal y estable al finalizar el programa.

Por último, el programa de ingreso al empleo es la instancia en la que efectivamente el plan social se convierte en un empleo formal. La relación laboral debe ser por tiempo indeterminado y la nueva incorporación tiene que generar un incremento en la nómina del personal con respecto al año anterior. Durante 12 meses el Estado paga un incentivo que reciben las personas contratadas y la empresa descuenta del salario que debe pagar. El incentivo es de entre 15.000 y 24.000 pesos, en función del tamaño de la empresa y el género de la persona contratada. La empresa debe pagar los aportes y contribuciones sobre la totalidad del salario, pero tiene una exención de hasta el 95% de las cargas patronales.

Este programa es un incentivo importante para generar la transición del sistema basado en planes sociales a uno de inclusión mediante la incorporación al mercado laboral. Es una iniciativa incipiente, que merece el respaldo del sector privado porque avanza en un sentido correcto.

Este resumen de propuestas y políticas públicas no aspira a agotar el tema. Son apuntes para abrir un debate sobre lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. Argentina atraviesa una recuperación incipiente después de varios años de estancamiento y una dura crisis derivada de la pandemia. Con los incentivos adecuados, podría convertirse esa reactivación en una ampliación vigorosa del número de puestos de trabajo. Este es uno de los debates más importantes que tiene el país por delante.